Hay una conversación incómoda que se repite cuando una constructora entra por primera vez a un proyecto con financiamiento multilateral. El equipo técnico revisó las Condiciones del Contrato, identificó los plazos, mapeó el procedimiento de reclamos, y se siente preparado. Entonces alguien pregunta por las políticas del banco, y la respuesta es que «eso lo ve administración».
Ahí está el problema. En un proyecto MDB, las políticas del banco no son papeleo administrativo: son una segunda capa de obligaciones con consecuencias propias, y la más grave de ellas ni siquiera es contractual.
¿Qué es exactamente la edición FIDIC MDB?
Es una versión armonizada de las Condiciones de Contrato de FIDIC, acordada con los bancos multilaterales de desarrollo para usarse en proyectos que ellos financian. Parte del mismo tronco que las condiciones generales conocidas, pero incorpora ajustes pensados para el contexto del financiamiento: cómo se gestionan los pagos cuando los fondos vienen de un préstamo, cómo se articula la relación entre Contratante y banco, y —el punto que más se subestima— la remisión expresa a las políticas del propio banco.
Esa remisión es la que convierte un documento externo en obligación contractual.
Las dos capas del contrato
Conviene tener el mapa claro antes de firmar.
Capa 1: las Condiciones del Contrato
Es el terreno conocido. Plazos, reclamos, variaciones, pagos, resolución de controversias. Aquí aplica todo lo que un equipo con experiencia FIDIC ya sabe manejar: notificar a tiempo, llevar registros contemporáneos, sustentar el reclamo.
El incumplimiento en esta capa tiene consecuencias contractuales: se pierde un derecho, se aplica una deducción, se resuelve una controversia.
Capa 2: las políticas del banco
Aquí viven las reglas de adquisiciones, las obligaciones de integridad y el régimen de prácticas prohibidas. No las redactó FIDIC ni las negoció el Contratante: las fija el banco, y el contrato las incorpora por remisión.
El incumplimiento en esta capa tiene consecuencias institucionales, y son de otra naturaleza: no se pierde un derecho dentro del proyecto, se pierde la posibilidad de participar en proyectos futuros.
Por qué la distinción importa en la práctica
Porque los equipos están entrenados para gestionar la capa 1 y casi nunca para la capa 2. Un director de proyecto sabe que si no notifica en plazo pierde el reclamo. Rara vez tiene igual de presente que una irregularidad documental en un subcontrato puede escalar a un procedimiento del banco.
Y son independientes. Cumplir el contrato al pie de la letra no protege frente a la segunda capa.
El régimen de prácticas prohibidas
Los bancos multilaterales mantienen un régimen propio para conductas como fraude, corrupción, colusión, coerción y obstrucción. Tiene tres características que conviene entender bien.
Es un régimen del banco, no del contrato
La investigación y la sanción las conduce el propio banco a través de sus órganos de integridad, con sus reglas y sus tiempos. No es un procedimiento contractual ni depende de que el Contratante lo inicie.
La sanción principal es la inhabilitación
La consecuencia característica no es una multa: es quedar inelegible para participar en proyectos financiados por ese banco durante un periodo determinado.
Para una constructora que trabaja regularmente con financiamiento multilateral, eso puede pesar más que cualquier deducción del contrato.
Existe reconocimiento cruzado entre bancos
Los principales bancos multilaterales tienen acuerdos para reconocer mutuamente ciertas sanciones de inhabilitación. Una sanción impuesta por un banco puede tener efecto ante los demás.
Esa es la razón de fondo por la que el tema no se puede delegar a administración: el alcance excede al proyecto en curso.
Dónde suele fallar la cadena
En los proyectos que revisamos, los problemas de la segunda capa casi nunca nacen de una decisión deliberada de la constructora. Nacen de la cadena.
- Los subcontratistas. El contrato principal traslada obligaciones de integridad hacia abajo, pero el subcontrato rara vez las replica con la misma exigencia. La constructora principal responde por una cadena que no reguló con el mismo estándar.
- Los intermediarios y agentes locales. Figuras contratadas para gestiones puntuales, con poca documentación de por medio y funciones descritas de forma vaga.
- La documentación de la licitación. Certificados, experiencia acreditada, declaraciones. Un dato presentado a la ligera en la etapa de oferta puede leerse después como práctica fraudulenta.
- La conservación de registros. Los bancos suelen reservarse facultades de inspección y auditoría. No poder acreditar algo es una posición débil, incluso cuando no hubo irregularidad.
Qué revisar antes de firmar
Tres cosas concretas, antes de que el proyecto arranque.
- Identifica qué políticas del banco quedaron incorporadas y en qué versión. Están citadas en el contrato; hay que leerlas, no solo verlas listadas. Su versión importa: no todas las convocatorias remiten a la misma.
- Replica las obligaciones de integridad hacia abajo. Cada subcontrato debe trasladar el mismo estándar, con facultades de auditoría equivalentes. Si el contrato principal permite que el banco inspeccione, el subcontrato tiene que permitirlo también.
- Define quién responde de la capa 2. Una persona con nombre, no «administración». Alguien que conozca las políticas del banco y tenga autoridad para detener algo antes de que ocurra.
Cumplir el contrato no es cumplir todo
Vale la pena cerrar con la idea que da título a este artículo, porque es contraintuitiva y por eso se pasa por alto: una constructora puede ejecutar la obra en plazo, sin controversias, con reclamos bien gestionados, y aun así enfrentar un procedimiento de inhabilitación. Las dos capas se evalúan por separado.
Nuestra experiencia en proyectos financiados por banca multilateral en la región confirma el patrón: las empresas que trabajan bien con estos bancos no son las que mejor litigan sus reclamos, sino las que entendieron desde el día uno que estaban firmando dos contratos a la vez.
